Una juez

La juez Alaya hace un radiografía de la justicia española.

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Interesantes reflexiones de la juez Alaya, se hace eco libertad digital, en relación a la situación de la justicia y su capacidad para investigar la corrupción política. Le dejamos algunas perlas:

  • la juez ha lamentado “se ha consentido durante mucho tiempo” que la corrupción política exista, “y además con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente”.
  • Respecto a las prescripciones de delitos la juez ha dicho que eso no tiene que ver con los plazos que se emplean en la instrucción, sino por el hecho de cuándo se inicia la investigación. “El problema es que se averigüen los indicios del delito demasiado tarde o que se remonten a años ha. Entonces vamos con prisas y celeridad y los medios materiales no nos permiten investigar de forma suficientemente eficaz”, ha indicado antes de señalar que “no es problema nuestro, es por circunstancias ajenas a nosotros”.

También se ha comentado la intención de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal señalando que la reducción de los plazos de instrucción en aras de una supuesta agilización de los procesos puede conllevar que las instrucciones no se puedan realizar adecuadamente, de forma rigurosa. “La culpa de esas tramas delictuales no la tenemos ni la Policía, ni la Guardia Civil, ni los jueces”, ha subrayado la juez tras criticar que a los instructores se les pone encima la “espada de Damocles” de los plazos cuando se están investigando casos “con tantos millones y millones y millones” de euros defraudados.

Las reflexiones de la juez no hace sino confirmar algunas sensaciones que van calando en la sociedad española: que la corrupción política es algo generalizado y consentido; que la política tiene alto interés en controlar la judicatura para impedir investigaciones serias de la corrupción política; que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal puede, en algunos de sus puntos, dificultar una investigaciones rigurosas de la corrupción política; que parece que los políticos no tienen mucho interés en dotar de medios y garantizar la independencia de los jueces.

La pregunta que no surge en MQE es si bajo estas condiciones es posible un verdadero estado de derecho. Porque se entiende que en el estado derecho todos los ciudadanos son iguales ante la ley y parece que es España no es así, ni hay intención de que sea así.

Mi querida y judicializada España.

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Categorías:corrupción

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