¿Qué está pasando?
Nos lo cuenta un amigo de MQE, español recién llegado de varios años de residencia en Colombia. Es un análisis profundo del acuerdo, de las modificaciones y no modificaciones que ha sufrido el acuerdo rechazado por la mayoría del pueblo Colombiano.
El “nuevo” acuerdo de Paz en Colombia.
«El gobierno de Colombia firmó ayer con la guerrilla de las FARC un nuevo acuerdo de paz. Ante 800 personas, en el Teatro Colón de Bogotá, Timochenko y Santos volvieron a darse la mano. Un escenario bien distinto a aquella bochornosa XXV Cumbre Iberoamericana en Cartagena, donde más de 2.500 personas –incluidos varios Jefes de Estado y de Gobierno- se dieron cita para aplaudir un acuerdo que el valiente pueblo colombiano rechazó.
Pues bien, 53 días después de aquel rechazo, Juan Manuel quiero-el-Nobel-de-la-Paz-a-toda-costa-Santos ha cometido el mismo error. Tras conseguir apenas el apoyo de un 18% de los llamados a las urnas el pasado 2 de octubre, ha vuelto a ponerse de acuerdo con el mayor grupo narcoterrorista del mundo pero ha sido incapaz de hacerlo con los partidarios políticos (y civiles) del No.
Este nuevo acuerdo, que pasa de las 297 a las 310 páginas, no ha dejado satisfecho a aquellos que ya avisaron de los peligros que tendría firmar un acuerdo sin el necesario consenso ciudadano. Y esto, con varios agravantes: el primero, que ya hay una experiencia demasiado reciente como para volver a cometer el mismo error y segundo, que Santos ha decidido que este acuerdo ya no pase por referéndum, sino que con la aprobación del Congreso bastará para dotar de validez al mismo. ¿Por qué antes sí era bueno y necesario que el pueblo colombiano lo refrendara y ahora ya no, señor Presidente?
Ayer las partes firmantes ya se encargaron de tachar este acuerdo como “definitivo” y “superador” del que fuera rechazado en el plebiscito de octubre pasado. Democracia en estado puro, oigan.
Con todo esto, lo primero que me viene a la cabeza son aquellas palabras de Santos y su equipo negociador en la campaña por el Sí: “Este –por aquel primer acuerdo- es el mejor acuerdo posible”, decían. Pues bien, como ya dijimos alguno, mentían. Y mentían porque se ha demostrado que un acuerdo mejor sí era posible. Y si no mentían y simplemente estaban equivocados, casi peor, porque demuestra que son inútiles (personas poco útiles para un cargo público) y unos malos negociantes. O peor aún, que actúan movidos por otros intereses (quizá Santos recibir cuanto antes el Nobel de la Paz o Humberto de la Calle “puntos” para disputarle a Germán Vargas Lleras la Presidencia de la República en 2018, ¿quién sabe?). En cualquier caso, un mejor acuerdo sí era posible. Y aun hoy, algunos creemos que un mejor acuerdo que el firmado ayer en Bogotá sigue siendo posible.
Efectivamente hay que ceder si se quiere firmar un proceso de paz, y el acuerdo no puede ser perfecto, eso lo sabemos todos, pero conseguir que los principales defensores políticos del No (los ex presidentes Uribe y Pastrana, la ex ministra Marta Lucía Ramírez o el ex Procurador Alejandro Londoño, quienes por cierto no tienen demasiados puntos ideológicos en común) continúen en contra del acuerdo es un hito que solo este gobierno podría conseguir.
¿Qué se ha cambiado y qué no se ha cambiado en este nuevo acuerdo?
De nuevo, sin entrar a analizar en detalle las 310 páginas ni a todos los cambios introducidos, algunos de los más “relevantes” son:
• Aprobación vía Referéndum Vs. Congreso.
• Constitucionalidad. El primer acuerdo de paz iba a ser incluido en la Constitución. Ahora se incorporará a través de un artículo transitorio, con una vigencia de tres periodos presidenciales (12 años) en el que se señala que «las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe» con el acuerdo.
• Declaración y entrega de bienes. Las FARC aceptan hacer un inventario de sus bienes, que servirán para la reparación de las víctimas, y se comprometen a entregar las armas en un periodo de 150/180 días. Según ‘The Economist’, un estudio no publicado del Gobierno estimó en 10.500 millones de dólares la fortuna de las FARC en abril de 2016. ¿Veremos esto entregarse? Permítanme que lo dude. El día que lo vea, creeré, como Santo Tomás.
• El delito de narcotráfico. El nuevo pacto busca aclarar la conexión del narcotráfico con los delitos políticos. Ahora este delito solo será aceptado como crimen conexo a la rebelión -por lo que sería sujeto de amnistía- en caso de que «no haya derivado en enriquecimiento personal». Pese al cambio, los opositores mantienen su inconformidad porque, aseguran, la comisión de este delito se quedará impune. Por otra parte, los guerrilleros tendrán que ofrecer información sobre las rutas y comprometerse a desligarse de las mafias. Nuevamente, hasta que no lo vea…
• Jurisdicción Especial para la Paz. Se limita ahora un período de 10 años para presentar acusaciones. Por otra parte, sólo jueces colombianos vigilarán el proceso de transición en la misma calidad de los magistrados de las cortes.
• Expropiación de las tierras. No se expropiará fuera de la ley y se respetará el derecho a la propiedad en aquellos territorios entregados a la narco-guerrilla, pero siempre bajo el dominio de los líderes de las FARC. ¿De difícil implementación, verdad? No parece que sirva para mucho esta modificación.
• Reducción del 30% de la financiación del partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política. ¿Parece de broma, no? Pues no.
Por el contrario, algunos de los principales puntos que los partidarios del No consideraban especialmente sensibles e importantes y que no han sido modificados en este Acuerdo, son:
• Elegibilidad política de las FARC. La participación política de los guerrilleros se mantiene sin cambios y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazan que insurgentes culpables de crímenes atroces y de lesa humanidad puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar sus penas. Es decir, Santos blanquea el pasado terrorista de los líderes de las FARC y pronto podrán copar las instituciones.
• No definición de penas. Las llamadas “penas” a los narco-terroristas siguen sin determinarse, y quedarán al arbitrio de los jueces. Ni rastro de concreción sobre las “restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento” que propugnaba el primer acuerdo.
• Modelo agrario. Tampoco ha sido modificado y pasa por traer a Colombia una agricultura comunista. El Gobierno entregará casi diez millones de hectáreas, que entraran a formar parte de una “economía campesina, familiar y comunitaria” dominada económica, social y políticamente las FARC. El modelo agrario en estos terrenos ha sido tomado de Venezuela, donde el chavismo está matando de hambre a la población y la inflación ha crecido hasta alcanzar máximos históricos.
• Inversiones en el campo. Tampoco variarán y superarán por tanto el presupuesto anual del país, por lo que el resto de zonas tendrían que esperar para mejorar sus infraestructuras. Las FARC prometieron comida gratuita, alojamientos y pensiones para los nuevos trabajadores.
En definitiva, tras el revés electoral de octubre, el Gobierno y las FARC han incorporado pocas (y desde luego se han olvidado de las más importantes) de las medidas que los representantes del No le pidieron a la comisión negociadora del gobierno y al propio Santos en las reuniones posteriores al citado referéndum.
¿Y ahora, qué?
A partir de aquí, y una vez que el Gobierno ya ha confirmado que no se aprobará vía referéndum, Santos tiene la sartén por el mango. A pesar de los esfuerzos de Uribe y compañía, este acuerdo se implementará más pronto que tarde. Sus consecuencias nadie las sabe, pero no parece que las expectativas sean muy positivas. El Nobel de la Paz Por cierto, y ya para terminar, todo esto ha ocurrido mientras el Nobel de la Paz (Ay si Alfred levantara la cabeza. Bob Dylan Nobel de Literatura; Santos Nobel de la Paz) fue entregado el pasado 7 de octubre a Juan Manuel Santos.
Aquí nos gustaría contaros una pequeña “historia”.
La presidenta del Comité Nobel que otorga el Premio Nobel de la Paz es la muy leal ciudadana noruega (que diría el bueno de D. Ramón Pérez-Maura) Kaci Kulmann Five, ¿Y quién es Kaci Kulmann Five? Pues bien, Kaci Kulmann Five fue ministra de Industria y Comercio (Minister of Trade and Shipping) en Noruega en el año 89, convirtiéndose unos años más tarde (2003-2007) en miembro del Consejo de Administración de Statoil ASA, la compañía petrolera más grande de Noruega, propiedad en un 67% del Reino de Noruega.
No nos olvidemos que Noruega ha sido “garante” (no sabemos muy bien en qué consiste esta figura, aunque quizá al final de este artículo lo comprendan) de todo este mal-llamado proceso de Paz en Colombia.
Pues bien, hasta aquí todo sería normal, si no fuera porque en 2014, en plenas conversaciones con los narcoterroristas de las FARC, Statoil recibió una importante adjudicación en el llamado Bloque COL-4, área para la explotación de gas y petróleo en territorio Colombiano. Esta adjudicación fue otorgada por el Gobierno colombiano y, posteriormente, Statoil amplió su participación comprando parte de la que había sido adjudicada a la compañía española Repsol; adquisiciones que tuvieron que ser aprobadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), órgano dependiente del gobierno colombiano.
Ahora quizá se entienda todo un poco más, pero con esta información, juzguen ustedes. Información que, por cierto, no es mía; puede encontrarla en el periódico colombiano “El Tiempo”, órgano oficioso del Gobierno de Santos, en su edición de 4 de septiembre del 2014 y en el Diario Oficial de Colombia, donde se publican todos los contratos del Estado.
Pues eso, que enhorabuena por su Nobel, señor Presidente. Enhorabuena».
Ya ven, mucho es lo que se juega Colombia en este acuerdo y no parece que sus mandatarios estén actuando de acuerdo a la relevancia de lo que se juega Colombia.
Mi querida y pacifista España.
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