Política y corrupción

O por qué los políticos manejan tanto dinero.

Mucho se habla de la corrupción en España. Mucho se habla de tomar medidas para reducirla. Se habla de eliminar aforamientos, aligerar los procesos judiciales, aumentar las penas por este tipo de delitos, exigir mayor rigor a los partidos a la hora de sancionar a los políticos que incurran en corrupción, hacer incompatible la corrupción con el tener cargos públicos,…

Todo es interesante y puede ayudar a reducir la corrupción. Sin embargo, todas estas medidas afectan al “después”, es decir, qué hacemos con un político corrupto, cómo evitamos que se aproveche de su aforamiento, cómo le obligamos a dejar la política. Ninguna de estas medidas va al “antes”, a la causa. 

En MQE estamos convencidos de que una gran parte de la corrupción se debe, además de a la inmoralidad de los corruptos, al hecho de que el sistema la favorece. Esto no supone justificar, en ningún caso, la corrupción, porque el hombre siempre puede evitar la tentación y si llega vencerla. En MQE creemos en el pecado original, en la existencia en el hombre de una cierta inclinación al mal, vencible sí, pero inclinación.

De ahí la importancia de entender cómo el sistema político y administrativo español favorece esa inclinación en vez de disuadirla. ¿Cómo la favorece? A través de tres elementos:

  • La discrecionalidad que existe a la hora de tomar muchas decisiones administrativas. Decisiones que por otra parte puede impactar notablemente en el patrimonio de los españoles. Un ejemplo claro es el urbanismo. La diferencia entre que un ayuntamiento declare una zona como urbanizable a que la mantenga como rústica pueden suponer millones de euros. Y, ¿cuál es el criterio establecido para decidir si esa zona debe mantenerse como rústica o convertirse en urbana? Ninguno es discrecional de la administración. Eso no quiere decir que no haya controles, pero sí que no tiene que seguir un criterio concreto. Y ahí surge el problema ¿No supone esto dar un poder excesivo a un político? ¿No es ponerle en el disparadero de ser corrompido, al haber tanto en juego? ¿No puede considerar que si con su decisión hacer ricos a unos y no a otros, los primeros le compensen? Y como el ejemplo del urbanismo, otros muchos. ¿Hay que eliminar totalmente la discrecionalidad en las decisiones? Lo más posible, sobre todo en aquellas que afectan de manera muy relevante a la actividad económica y al patrimonio de españoles y empresas.
  • La cada vez mayor, ya en niveles insostenibles, presencia de lo público en la actividad económica. ¿Qué hacía el Canal de Isabel II comprando filiales en Sudamérica? ¿Realmente corresponde al dinero público invertir en Sudamérica? Un pregunta anterior ¿realmente el suministro de aguas debe estar gestionado por empresas públicas?
  • Las ingentes cantidades de dinero que se manejan en los presupuestos públicos  animan a utilizarlos como fuente de clientelismo político y como prebenda para comisiones a cambios de contrato. ¿Qué pasaría si las administraciones manejaran muchos menos dinero? Primero que nuestros bolsillos tendrían más dinero, segundo que a menos contratos públicos menos posibilidad de corrupción y clientelismo.

En MQE creemos que hace falta una reflexión seria sobre estos aspectos: limitar la discrecionalidad de la administración, reducir la presencia de lo público en la actividad económica y reducir el volumen de los presupuestos públicos. Si se toman medidas en estos ámbito estamos convencidos de que se reducirá sensiblemente la posibilidad de corrupción desde el ámbito público.

¿Por qué no se avanza por este camino? ¿Por qué lo público no va limitando su influencia? ¿No les interesa a los políticos?

Mi querida y estatalizada España.



Categorías:corrupción

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2 respuestas

  1. Hay desde la izquierda un clamor contra la libertad. Siempre están reivindicando lo publico como garantía para el ciudadano. Nada más falso. Las Cajas de Ahorros, instituciones creadas para luchar contra la usura han ejercido su labor bastante bien durante dos siglos, pero llegaron los enemigos de la empresa privada y como no fueron capaces de nacionalizar los bancos, pues nacionalizaron las cajas de ahorros metiendo en sus consejos de administración a representantes de partidos y sindicatos, gente corrupta que terminó con ellas. El Canal de Isabel II podía ser gestionado por una empresa privada que cuidaría de conseguir ganancias y evitar gastos. Pero las empresas privadas que gestionan servicios públicos están en colusión con los políticos que forman parte de sus consejos de administración para gravar a los ciudadanos y enriquecerse. El “juicio de residencia” que se aplicaba a los gobernantes de las colonias americanas, habría que recuperarlo para todos los políticos y condenar a galeras a los abusadores y ladrones.
    Como tanto es el que da como el que toma hay que condenar a los políticos y a los que les sobornaron.

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