El derecho a la huelga existe y debe ser respetado, estemos más o menos de acuerdo con los motivos que provocan su ejercicio y aunque salgamos más o menos perjudicados. Cuando un colectivo de trabajadores entiende que debe denunciar unas condiciones laborales que considera injustas sin que la empresa se avenga a repararlas, puede legalmente ejercerlo. Durante su duración el trabajador no percibirá su salario, el empleador no podrá producir y perderá beneficios, y el consumidor o usuario se verá igualmente perjudicado pues no podrá recibir la prestación del servicio mientras este dure.
Ya no entramos en cuestiones como el derecho a la libertad para elegir no hacer huelga sin ser coaccionado (esquirol) para participar de esta, el respeto a unos servicios mínimos o cuando este derecho lo ejercen trabajadores de sectores estratégicos o en períodos determinados del año o acontecimientos especiales con el gran perjuicio social que este oportunismo provoca. Ni tampoco en cuando no se trata de una huelga sino de un cierre patronal…
Cuando un colectivo (como pueda ser el de taxistas) decide por sus fueros cortar el acceso al resto de ciudadanos por una determinada calle, de lo que estamos hablando es de otro derecho: el de la libre circulación, que es vulnerado y, por tanto, ello debe de tener consecuencias para los que lo quebrantan. A partir de ese momento, la cuestión deja de ser laboral y pasa a serlo de orden público. Y ya no digamos cuando se producen destrozos en el mobiliario público o la propiedad privada.
Ha habido quien ha querido hacer paralelismos entre las estampas vistas en Barcelona, por el corte durante días de la Gran Vía o las Rondas, y la concentración independentista alrededor de la Consejería de Economía y Finanzas durante los hechos de octubre de 2017. Pues bien, sin entrar tampoco en los casos de los Jordis, que van a ser juzgados y ahí se dirimirá lo que pertoque, de lo que no tenemos ninguna duda es que las acciones vistas estos días en Barcelona y Madrid deben de tener igualmente consecuencias penales contra los líderes de las movilizaciones. Y si las penas no son suficientemente desincentivadoras, el código debe ser debidamente revisado al alza.
Por contra, con lo que nos encontramos es con que los gobiernos ceden al chantaje, en lugar de evitar el efecto imitación que estas acciones pueden provocar. Igual que con el niño pequeño, que si cedes a sus pataletas, estás perdido, porque volverá a hacerlo siempre que quiera, y, si sus tetes y tatos están mirando, tomarán nota.
Es urgente acabar de una vez por todas con esta práctica de cortar calles y carreteras por las bravas o entrar en las dependencias ya sean públicas o privadas para protestar por el motivo que sea. No vivimos bajo un régimen como el de Venezuela o Nicaragua, aunque así lo querrían muchos de los que participan de estas acciones. Por tanto, nada legitima este secuestro al ciudadano continuo.
Por desgracia no tenemos el suficiente civismo como sociedad para entender que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, o como se ha dicho toda la vida: no hagas al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Pero es evidente que los gobernantes actuales no van a hacer nada diferente más allá de sus vacilaciones fruto de la falta de convicciones. ¿Una invitación para que la mayoría de ciudadanos que padecemos la inacción de los gobiernos y el abuso provocado por las manifestaciones de algunos colectivos usemos igualmente la pataleta egoísta para que nos tomen en cuenta?
Mi querida y secuestrada España
Categorías:Huelga, Libertad, Libertad de movimiento, Orden público, Violencia callejera
miqueridaespana.wordpress.com 
Deja una respuesta