¿Qué pasa con la justicia en España?
Ha salido ¡9 años después! la sentencia del caso Bankia. El fallo: todos los imputados absueltos. Ninguno de ustedes olvidará el tiempo que ocupó en los medios en el caso Bankia y todas la valoraciones que se hicieron sobre los imputados. En especial aquellos que tenían pasado político. Nadie parecía dudar que estábamos antes unos delincuentes, porque todo el mundo daba por hecho su culpabilidad y, por tanto, la condena segura. Al final todos absueltos.
No hemos leído la sentencia todavía, parece que a algunos les ha extrañado, y no podemos valorarla en cuanto a su fallo. Pero lo que sí podemos comentar, y es donde queremos centrarnos en nuestra análisis, es que esto que ha pasado con el caso Bankia (graves acusaciones iniciales, gran foco mediático, condena mediática de los protagonistas, largo proceso judicial y finalmente absolución) es algo que se viene repitiendo mucho en los últimos años sobre todo cuando los implicados son políticos, ex-políticos o personas como el caso de Miguel Blesa (que tienen su cargo gracias a relaciones políticas).
Tanta repetición hace pensar que en la batalla política la utilización de la justicia se han convertido en una arma muy utilizada por el poder político. Parece que se aprovecha/utiliza la judicialización de muchos temas con razón o sin ella para lavar la imagen de gobiernos ante su mala gestión (ej: la crisis bancaria, las preferentes,… ¿dónde estaba el regulador?), para ajustes de cuentas políticas, para mancillar – y con ello eliminar socialmente – la reputación de personalidades o posibles competidores. No parece razonable que tanto procedimiento jurídico iniciado con gran bombo y platillo acabe en absoluciones de los imputados. Esto sólo se explica porque se «crean» o «construyen» casos no con el objeto de hacer justicia sino de utilizar la justicia para ajustes políticos. (¿Es razonable ésto que le ha sucedido a Angel Acebes?)
Esta instrumentalización de la justicia no la hacen sólo las administraciones de turno, los partidos políticos; también jueces y fiscales que parecen admitir denuncias e instruir los procedimientos con criterios políticos más que jurídicos. Todo esto no hace más que dañar la imagen de la justicia en España. No hace más que generar desconfianza en el sistema judicial español.
Finalmente la lentitud de la justicia – ¡9 años para sentenciar un caso! – agrava y mucho los efecto nocivos de esta instrumentalización de la justicia.
Es necesario reformar la justicia, en primer lugar para que sea más ágil (dotarla de más medios), y en segundo lugar para que no se siga produciendo esta instrumentalización. Quizás un buen paso para lo segundo sería quitar las manos del poder legislativo sobre el gobierno de los jueces. Un paso que puede necesitar de otros pero que parece imprescindible para recuperar cierta confianza en el sistema.
¿Se habrá enterado Pablo Casado?
Mi querida e injusta España
Categorías:España, Estado de Derecho, Judicialización, justicia
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