A buen entendedor, …

Ya somos mayores para dejarnos tomar el pelo.

A propósito de si se le entendió bien  o no a la ministra escribe Vicente Agustín Morro López
Presidente de FCAPA Valencia (Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Provincia de Valencia) en Qveremos:

La nueva -vieja- política del PSOE en educación

La Señora Celaá, Ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno del Señor Sánchez Castejón, compareció ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, el pasado 11 de julio. Su intervención, teniendo en cuenta, además, que ostenta también la portavocía del Gobierno, puede servir de botón de muestra de lo que nos espera en estos dos próximos años, si Dios no lo remedia: una mezcla de zapaterismo redivivo y sanchismo galopante. Grandes dosis de buenismo huero, aderezadas con la soberbia y arrogancia (‘me lo merezco’, ‘yo lo valgo’) de quien lo apostó todo a una carta –para llegar ‘como sea’- y ganó. El sectarismo puro de quienes piensan que siempre y en todo tienen la razón, apoyado en el pragmatismo de quien cree que el fin justifica los medios, y más cuando el ‘fin’ es el suyo propio. Mal si dura la situación actual dos años, pero terrible si esta amalgama se perpetúa en el poder.

La Ministra anunció, nada más y nada menos, nueve líneas maestras o principios rectores del programa a desarrollar en su mandato: la nueva política del nuevo Gobierno en educación –que había incluido desde siempre, mejor o peor atendida según el momento, a la formación profesional-. Nueve prioridades, que al final fueron diez por pequeñas diferencias entre el previo guion escrito y lo realmente expresado ante los miembros de la Comisión. Estas prioridades de actuación se anunciaron, en algún caso, como auténticas urgencias.

Decíamos, nueva política en educación, pues llamarla ‘educativa’ sería quizá una exageración. Nueva, pero que es la misma de siempre: los mismos tópicos, los mismos mantras, los mismos prejuicios, las mismas imposiciones. Esta nueva-vieja política –una parte de ella, para ser exactos- ya fue presentada ante el Congreso de los Diputados mediante tres Proposiciones de Ley registradas por el PSOE el pasado 13 de septiembre de 2017. Se ‘calificaron’ (espero que con un logsiano “muy deficiente”), se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y acumulan polvo, metafóricamente, entre cientos y cientos de proposiciones de lo más variopinto que esperan turno, o simplemente vegetan, en las múltiples Comisiones formadas por sus Señorías. Y esto sin remontarnos a la «Proposición de Ley Orgánica sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa», tramitada en 2016 a propuesta del mismo partido, pues en algún momento de este bucle de eterno retorno de viejas posiciones hemos de poner el límite.

Nueva política en educación, decíamos. Este nuevo-viejo programa político es el que propuso el PSOE, en doce puntos, en el debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el modelo educativo del Gobierno, el pasado 20 de marzo. Después del debate, reiterativo a más no poder, la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 81; en contra, 163; abstenciones, 92. Fracaso monumental de la política de educación del PSOE que no fue capaz de convencer a nadie en el arco parlamentario; ni un solo voto que no fuera de los suyos.

Si no fuera porque el tiempo es un bien tan escaso como valioso, valdría la pena dedicar unas horas a escrutar en la página web del Congreso cuáles son los anhelos y preocupaciones profundas de estos ‘padrecitos’ de la patria (la referencia a Cantinflas no es del todo inocente). Se aculan proyectos de ley, proposiciones, propuestas de reforma de estatutos de autonomía y hasta de reforma de la Constitución, ¡una de ellas, bastante reciente, del Parlamento de Navarra para modificar el artículo 27.3 del texto constitucional, «para avanzar hacia un sistema educativo laico»! Viendo estas cosas aumenta mi respeto y consideración por ese denostado artículo –tantas veces incumplido por nuestros gobernantes, nacionales, autonómicos y hasta locales- en la misma medida que se afianza mi convencimiento de que el parlamentario es, recordando a Churchill, solo, solo, solo, el menos malo de los sistemas políticos.

Comenzó la Señora Ministra diciendo que iba a «trabajar mucho para llegar a acuerdos», pero casi sin solución de continuidad anunciaba una batería de decisiones y medidas –previamente adoptadas y dándolas ya por seguras- sin diálogo previo ni consenso alguno ni con los partidos políticos ni con los agentes sociales de la comunidad educativa, y por supuesto sin paso por ninguna mesa de pacto, pues el PSOE dinamitó calculadamente, obedeciendo la Señora Martínez Seijó al dedo señalador, designador y ordenador de Pedro Sánchez, el proceso que a pesar de todas las dificultades se había iniciado. Habló de «decisiones consensuadas a corto plazo y con decisiones más estratégicas y también consensuadas a largo plazo», hermosas palabras que los hechos desmintieron de inmediato confirmando medidas que se iban a adoptar con carácter urgente y de forma unilateral: eliminación del concepto de ‘demanda social’; eliminación de la alternativa a la asignatura de Religión y modificación de su régimen académico; anulación de la actual redacción de los artículos 122, 127 y 135 de la LOE, entre otras.

Es muy llamativo, quizá una suerte de justicia poética, que las principales propuestas que ponía encima de la mesa el Gobierno en materia de educación hayan sido desautorizadas, radicalmente, por el Tribunal Constitucional en su recentísima Sentencia 31/2018, de 10 de abril, resolviendo un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la LOMCE por más de 50 diputados socialistas, y sentando unas bases jurídicas, y realizando algunos análisis pedagógicos, diametralmente opuestos a casi todo lo anunciado en esta nueva-vieja política. La propuesta sobre educación del PSOE, se sitúa por enésima vez en las antípodas de nuestro ordenamiento jurídico, y se lo tiene que volver a decir, como ya hiciera el Tribunal Supremo en multitud de ocasiones, el intérprete máximo de nuestra Carta Magna.

Ganar el futuro, mejorar, ampliar, modernizar, estabilizar, dialogar, apostar estratégicamente… larga lista de buenas intenciones y mejores propósitos, cantinela ‘progre”, más que progresista o de progreso real. Además, la Ministra se permitió delimitar lo que debe o no ser objeto de polémica: no se puede discrepar, y todo el mundo debe compartir, si quiere acreditar «madurez democrática», su compromiso con determinados valores, que ellos califican de cívicos y universales, dando por sentado que los otros valores no lo son. Lamentablemente no sorprendió el tono y contenido de los anuncios, retahíla de lugares comunes y tópicos disfrazando una propuesta ideológica y sectaria, pues, como hemos dicho, es el discurso reiterado del PSOE en educación, pero sí la urgencia manifestada y la ruptura con los anuncios conciliadores de diálogo de los primeros días en el nuevo cargo.

Tampoco sorprendió el contenido porque en el fondo, era una propuesta de vuelta a los parámetros de sus leyes en materia de educación o, mejor dicho, de su ley reiteradamente reescrita. FCAPA ha mantenido, a este respecto, una postura que no se ajusta a los tópicos habituales. Es un lugar común lamentar que cada partido que llega al Gobierno hace su propia ley educativa y que esto no es bueno para los escolares ni para los docentes –la única parte correcta del argumento-. Nosotros mantenemos, que se puede decir que en España solo ha habido una ley de educación, lo que llamamos el “complejo LODE-LOGSE-LOE”, con el apéndice de la LOMCE que era un retoque de la LOE, algo profundo en algunos aspectos, pero nada revolucionario. En 2013, antes de su aprobación parlamentaria, escribíamos que «la supuestamente ‘nueva’ arquitectura del sistema educativo, prevista en el Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), corre un grave peligro: podría colapsar, amenazada por aluminosis o por una plaga de voraces termitas. Por una parte, la propuesta de reforma podría sufrir aluminosis, es decir, una lesión en su propia estructura interna que haría que lo positivo que pudiera tener quedase sepultado por la debilidad, la falta de firmeza, la ‘porosidad’, de los numerosos elementos LOGSE/LOE que conserva. La estructura podría hundirse y quedar en nada, o sea, seguir como estamos. Por otra parte, podría sufrir una plaga que la socavara internamente. Actores que se quejan de todo, que bloquean todo, que paralizan el sistema por supuestas ‘reivindicaciones’ justas, que utilizan a los alumnos, aunque sean menores, como escudos o como excusas para lograr sus objetivos, a veces meramente ideológicos. La LOMCE ha sido una oportunidad perdida.» Creo, visto lo visto, que no nos faltaba razón, al menos en parte.

Esa añoranza, ese anhelo, ese deseo de retornar a la LOE, que era volver a sus raíces ideológicas, se demostró hasta en algunos detalles quizá accesorios, como el retorno, expresado más de una vez por la compareciente, de aquella fórmula de «aprender a aprender.» Pedagogía logsiana decantada. Pedagogía que han denunciado autores –a los que se hace necesario volver a leer- como, entre otros posibles, Ricardo Moreno, Javier Orrico, Inger Enkvist, Mercedes Ruíz, Gregorio Salvador, Pascual Tamburri, Gregorio Luri, María Calvo, Alicia Delibes y, más recientemente, Alberto Royo, cada uno con sus acentos y especificidades, pero con el común deseo de mejorar nuestro maltrecho sistema y de denunciar las falsedades y tópicos que circulan, así como una cierta omertà corporativa.

En un reciente artículo –“El retorno de la ortodoxia pedagógica”, publicado en el diario El Mundo-, Luri señalaba que «en los últimos 25 años el discurso pedagógico hegemónico ha sido el socialdemócrata» y que «se repite con frecuencia que hemos tenido demasiadas leyes educativas. Pero es una media verdad. Aunque hemos variado de leyes, desde 1985 hasta el presente ha habido un único modelo pedagógicamente dominante.» Nos anima pensar que coincidimos en nuestra apreciación con una opinión tan autorizada como la de Gregorio Luri.

Especialmente lamentable es el anticlericalismo decimonónico que demuestra una obsesión enfermiza contra la asignatura de Religión, despreciando los derechos de sus docentes y de los miles de alumnos y familias que año tras año la eligen. Eligió mal la Ministra su introducción: «no nos parece tampoco adecuado el tratamiento de la religión en nuestra legislación vigente.» Eso no era lo relevante; lo relevante es si ese tratamiento es ajustado a Derecho, especialmente al texto constitucional. La Sentencia 31/2018, en su Fundamento Jurídico 6º, dice al respecto que «las normas cuestionadas no vulneran el marco constitucional, como afirman los recurrentes, por haber configurado como asignatura la enseñanza de la religión», añadiendo que «ese sistema es también un cauce adecuado para el ejercicio por los progenitores del derecho a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones… ni la existencia de una asignatura de religión en los niveles de educación primaria y secundaria, ni la implantación de una fórmula de opción entre la asignatura de religión y valores sociales y cívicos/valores éticos –“asignatura-espejo”, la llamó usted- son contrarias al texto constitucional.» Ya ven, señores del PSOE –y podríamos añadir a casi todo el espectro político, así como a la mayoría de los sindicatos y federaciones de asociaciones de padres de alumnos, que comparten ese laicismo radical, intelectualmente ramplón y beligerante- la Constitución, la legislación orgánica, multitud de tratados internacionales (¡no menos de siete!) y diferentes sentencias, avalan lo que no les parece a ustedes «adecuado.»

Precisamente los derechos y libertades que se reconocen en esos tratados, que parte de la comunidad educativa se resiste, con evidente desprecio al Estado de Derecho, a respetar y reconocer –especialmente llamativas, y descorazonadores, las críticas, casi histéricas, a las reiteradas sentencias contrarias a diversos proyectos educativos y lingüísticos del tripartito valenciano dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero también a multitud de resoluciones en este ámbito del Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo Valenciano- son los que se pueden ejercer gracias, en nuestra legislación vigente, al sistema de conciertos. El concierto no es un fin en sí mismo, ni un negocio como pretenden hacernos creer: el concierto es la condición de posibilidad del ejercicio de un derecho constitucional, es una herramienta, y nada más. Por eso es muy lamentable el argumentario, y las formas, empleados por la Ministra para atacar a la educación concertada, cuando la pública y la concertada son dos redes complementarias –entre sí, no una complementaria de la otra- que deberían poder compartir espacio pacíficamente y en libertad: «este Ministerio defiende y promueve la escuela pública como referente y eje vertebrador de todo el sistema. Este Gobierno no va a apostar por convertir el sistema en un mercado educativo sin responsabilidad social que no hará sino aumentar la segregación de resultados y reproducir la desigualdad social.»

Es triste que para todo un amplio sector de la comunidad educativa nada signifique el reconocimiento del derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y a garantizar que sus hijos puedan recibir una educación que esté de acuerdo con sus propias convicciones filosóficas, pedagógicas, religiosas o morales, sean cuales sean, dentro del orden constitucional y democrático. Nada valen para ellos ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni la Declaración de los derechos del niño, ni la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, ni el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, ni el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ni el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en su Protocolo adicional I, ni la Carta de derechos fundamentales de la unión europea, y menos aún la Constitución Española o el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales.

Por último la Señora Ministra nos tomó a todos por tontos, después de sus lamentables palabras sobre la educación diferenciada –lamentables porque una Ministra de Educación no puede demostrar tan absoluto desconocimiento de esa opción pedagógica y de libertad o, peor aún, faltar a la verdad deliberadamente sobre ella-, cuando apuntó que esa cuestión, que llegó a calificar de «situación excepcional», la iba a solucionar con poco más que una charla con esos «pocos centros» para convencerles de su error y de las bondades del otro sistema: «estoy convencida de que podremos acordar que el modelo co-educativo, más igualitario, aporta mayor valor educativo e inclusivo.» A unos padres, docentes y titulares de centros que han tenido que luchar lo indecible para defender su opción, acreditada pedagógicamente y avalada por excelentes resultados en todo el mundo, no se les convence con tópicos o dogmas. Por cierto, la diferenciada es la opción elegida y apoyada por mujeres como Hilary Clinton, Michelle Obama o Condoleezza Rice, entre otros muchos ejemplos posibles.

No debería volver a tomarnos por tontos ahora queriendo convencernos de que todos, todos, entendimos mal sus manifestaciones sobre la educación concertada. Creo que las entendimos muy bien; entendimos incluso su amenaza velada de que la concertada «puede estar, pero puede no estar… puede estar y puede dejar de estar.» Volviendo al artículo antes citado de Luri, permítanme terminar compartiendo su pregunta: «¿Por qué una sociedad que defiende dogmáticamente que nadie tiene derecho a decirnos qué hemos de pensar, cómo hemos de vivir y amar o, incluso, cuál es nuestro género, parece aceptar como evidente que el Estado puede decirnos a qué escuela hemos de llevar a nuestros hijos?»

Reconozco, querido lector, que este artículo ha quedado un poco largo, y si has tenido el interés y la paciencia de llegar hasta aquí te lo agradezco cordialmente. Y eso que no me he sometido, pues hubiera alargado hasta lo indecible el texto, a los desdoblamientos de género –aquí sí cabe hablar propiamente de ‘géneros’: gramaticales, masculino y femenino-, moda estúpida y lingüísticamente incorrecta impuesta por la dictadura del lenguaje políticamente correcto. Moda tan antinatural que ni siquiera los más acérrimos defensores de las teorías, ideologías y perspectivas de género son capaces de mantenerla durante todo un discurso, por breve que éste sea. En ocasiones es casi hilarante ver los esfuerzos que tienen que hacer algunos para corregirse a sí mismos, sobre la marcha, pues sin darse cuenta se habían pasado al lenguaje normal que utiliza la gente corriente.

Vicente Agustín Morro López

Presidente de FCAPA Valencia

Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Provincia de Valencia

Mi querida y aprendida España.



Categorías:Educación, Libertad de Educación

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1 respuesta

  1. Reblogueó esto en Ramrock's Blogy comentado:
    #Política

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